Bendiciones del Nuevo Código Penal

El nuevo Código Penal aprobado bajo la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012 tipifica el delito de lavado de dinero. El anterior Código del 2004 tipificó y creó por primera vez en Puerto Rico el delito de lavado de dinero.

Bajo el nuevo Código Penal aprobado encontramos que la única diferencia considerable es la pena fija de 8 años a toda persona que cometa el delito de lavado de dinero. Bajo el anterior Código Penal la pena fluctuaba entre 3 años y 1 día hasta 8 años.

El nuevo Código Penal trae consigo una acción favorable para el Ministerio Público y es el hecho de mantener y fijar la pena de 8 años para todo aquel convicto de delito de lavado de dinero. Así que es una bendición para el Fiscal que tenga que procesar y probar finalmente el delito el hecho de que el nuevo Código Penal mantenga una pena fija. Contrario al delito anterior que no lo tenía.

El delito de lavado de dinero bajo el actual Código Penal lee de la siguiente forma:

“Artículo 221.- Lavado de dinero.
Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años toda persona que leve a cabo cualquiera de los siguientes actos:
(a) convierta o transfiera bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de una participación en ese tipo de actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes; u

(b) oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, localización, disposición o movimiento de la propiedad, de bienes o de derechos correspondientes, a sabiendas de que los mismos proceden de una actividad delictiva o de una participación en este tipo de actividad.

El tribunal dispondrá la confiscación de la propiedad, derechos o bienes objeto de este delito, cuyo importe ingresará al Fondo de Compensación a Víctimas de Delito.”

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¿Qué es el lavado de dinero?

El lavado de dinero es el proceso de ocultar o disfrazar los bienes y recursos provenientes de una actividad ilegal para aparentar que son legítimas.

Un ejemplo de una actividad sospechosa podría ser:

A. Un funcionario público de un país X obtuvo su dinero a través de sobornos y decide abrir una cuenta bancaria con el dinero de dicha actividad ilícita y lo deposita en una institución financiera en Puerto Rico.

B. Individuo que retira dinero de una cuenta que recientemente recibió mediante transferencia de fondos de otro país.

C. Originación de una cuenta bancaria con información falsa o de difícil verificación.

D. Un sinnúmero significativo de personas que hagan depósitos en efectivo en la misma cuenta bancaria, sin una explicación adec

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LOS NEGOCIOS PIRÁMIDES: ¿SON LEGALES?

Lcda. Brenda Rosado Aponte

De seguro, habrás escuchado lo siguiente sobre los negocios pirámides: “Con solo $195, puedes ganar $15,000 por mes”, o “Si inviertes la cantidad de $130, puedes ganar más de $18,000 mensuales”[1].  Recientemente la revista “Negocios” del periódico El Nuevo Día, publicó un artículo sobre los negocios pirámides.  Este tipo de esquemas está regulado y fiscalizado por leyes y reglamentos cobijados por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  En este artículo pretendemos explorar el surgimiento de los negocios piramidales, y así mismo analizar la Ley Uniforme de Valores, Ley Número 60 del 18 de junio de 1963, según enmendada.  Todo ello para concluir cuáles son las protecciones que nuestras instituciones brindan a las víctimas de este tipo de fraude en Puerto Rico.

I. Carlo Ponzi- el padre del negocio de las pirámides

El padre de los esquemas de pirámides se llama Carlo Ponzi, inmigrante italiano, quien llegó a los Estados Unidos en el 1903, donde logró asimilarse con rapidez[2]. Algunos de sus biógrafos aseguran que fue un estudiante ambicioso que quería prosperar y otros dicen de él que se trataba de un ladronzuelo con poco futuro al que su familia embarcó hacia América para quitárselo de encima[3]

El golpe más extraordinario de Ponzi fue en el año 1919, con la creación de una compañía bajo el nombre de Securities Exchange Company. Carlo Ponzi creó un esquema basado en los cupones que los inmigrantes italianos enviaban por carta a sus familias, extremadamente pobres a causa de la guerra, para que los cambiaran por dinero y pudieran responder a las cartas.  Este negocio fabuloso comenzó a repartir cupones prometiendo unas ganancias del 50% en 45 días o del 100% pasados los tres meses. En poco tiempo se convirtió en un personaje acaudalado, y tanto políticos como los medios de comunicación de aquel entonces lo presentaban como un empresario ejemplar.

Con ese solo argumento de negocio y un poder extraordinario de persuasión, Ponzi convenció a sus amigos de invertir con él su dinero con la promesa de devolverles su inversión a los 90 días con un interés directo del 45% sobre el capital. A las pocas semanas tenía una fila enorme de personas deseosas de invertir en el “negocio de Ponzi” y que no querían tener la vergüenza de ser los tontos del barrio que no habían invertido en un negocio seguro.

Todo funcionó bien durante los primeros meses, el dinero llegaba a los inversionistas y los intereses se pagaban tal y como había estipulado. Las viudas hipotecaban sus casas y la gente recogía sus ahorros para invertirlos en su negocio fabuloso.  El estafador Ponzi logró convencer a cerca de 10,000 personas para que invirtieran en su negocio.  El experto en finanzas Xavier Serbia nos dice lo siguiente sobre este esquema: 

“La idea era comprar cupones de sellos en países donde la moneda estaba devaluada y los vendía en Estados Unidos donde los inmigrantes a un precio mayor para ser enviados a su país de origen con el fin de que los familiares escribieran cartas y pagaban los costos de envío con el cupón comprado en Estados Unidos.  La idea era sacar ventaja sobre la diferencia de precio que había en los sellos postales internacionales.”[4]

Al tiempo la pirámide de Ponzi colapsó, pero lo que las personas desconocían es que era imposible llevar a cabo un negocio tal como lo planteaba Ponzi.  Ello porque los costos de comprar los cupones en otro país y el de transportación no podían generar las ganancias que prometían.  Por eso, necesitaba nuevos inversionistas para pagarles a los antiguos a la vez que se quedaba con una parte para disfrutar sus lujos[5].  Lo increíble era que Ponzi sólo había invertido $30 dólares  y la pirámide llegó a recibir millones de dólares en inversiones.    

Hoy por hoy, un esquema Ponzi es conocido como uno que consiste en un sistema de inversión que promete un alto rendimiento.  Para poder dar esos altos créditos, los nuevos inversionistas  son los que pagan los intereses de los antiguos.  El puertorriqueño y la puertorriqueña que ha sido víctima de una estafa o esquema como el de Ponzi tiene a su alcance la protección bajo las leyes estatales.  Ello conllevaría una investigación liderada por la Oficina del Comisionado de Instituciones y la posible radicación de cargos criminales por parte de un agente investigador y del Departamento de Justicia estatal.

II. La Ley Uniforme de Valores y su alcance

La  Ley Uniforme de Valores, Ley Número 60 del 18 de junio de 1963, según enmendada, mejor conocida como Ley Uniforme de Valores, es la ley que protege a las víctimas de fraude en valores. La exposición de motivos de la Ley Número 60, según enmendada, expresa el interés del legislador en prohibir las prácticas fraudulentas en relación a la venta de valores.  Y su protección cobija tanto a todos los ciudadanos, independientemente de que la persona sea una experta en inversiones o valores.

 En Paine Webber v. First Boston, Inc. 136 DPR 541 (1994), nuestro Tribunal Supremo expuso, refiriéndose a la Ley Uniforme de Valores, Ley Núm. 60, según enmendada:

 “La Ley fue creada con el propósito de establecer en Puerto Rico una reglamentación protectora para el inversionista en el negocio de valores”.

El Artículo 101 de la Ley Uniforme de Valores en su parte pertinente establece cuáles son los actos prohibidos con respecto a la venta y compra de valores.  Dicha sección lee de la siguiente forma:

Sección 851. Compras y Ventas

Será ilegal que cualquier persona, en relación con la oferta, venta o compra de cualquier valor, directa o indirectamente:

(1) Emplee cualquier treta, ardid, o artificio con el propósito de defraudar;

(2) Haga cualquier manifestación falsa sobre un hecho material necesario para evitar que las declaraciones formuladas, a la luz de las circunstancias bajo las cuales se hicieron, conduzcan a error,

(3) Se dedique a cualquier acto, práctica, o clase de negocio que opere u operaría como fraude o engaño sobre cualquier persona;

(4) Emita, circule o publique cualquier material impreso o por medios electrónicos, que contenga representación falsa sobre un hecho material, u omita información sobre un hecho material necesario de forma de que la información que se emita, circule o publique, a la luz de las circunstancias en que fue emitida, circulada o publicada, conduzca a error, o

(5) Emita, circule o publique cualquier material, o realice cualquier representación escrita, a menos que el nombre de la persona que emita, circule, publique o haga la misma, y el hecho de que es esa persona quien emite, circula, publica o hace la representación, esté claramente indicado en esa misma comunicación.”

Los elementos esenciales de este delito contenidos en el Artículo 101 de la Ley Uniforme de Valores son: 1) que se haga una oferta, venta o compra directa o indirectamente, 2)  que se pruebe que exista un valor, 3) una treta, ardid o artificio, 4) con el propósito de defraudar.  Por otra parte, el artículo 201, contenido en la Sección 861, y el artículo 301, contenido en la Sección 871, de la Ley Uniforme de Valores, ambos en su parte pertinente, establecen lo siguiente:

861. Requisitos de inscripción y notificación

(a) Será ilegal que cualquier persona haga negocios como corredor-traficante o agente en Puerto Rico a menos que esté inscrito según las disposiciones de este capítulo.

……………………………………………………………………………………………………………”

871. Requisito

Será ilegal que cualquier persona ofrezca o venda cualquier valor en Puerto Rico a menos que:

(1) Dicho valor haya sido inscrito bajo las disposiciones de este capítulo;

(2) El valor o transacción esté exento bajo las disposiciones de la sección 882 de este título, o

(3) El valor en cuestión es un valor bajo cubierta federal (federal cover)”

La Ley de Valores de Puerto Rico exige que todo valor que se ofrezca o venda en Puerto Rico esté inscrito en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  En ese sentido, los elementos esenciales de este delito contenido en la Sección 871, Artículo 301, son el ofrecer o vender, un valor, y que dicho valor no esté inscrito en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  Es importante destacar que la definición de valor, se encuentra en la sección 881, de la Ley Núm. 60, supra.  La misma ha sido ampliada por la jurisprudencia federal, pero el término valor incluye, bonos, contratos de inversiones, acciones en cartera, bonos, certificado de interés, entre otras definiciones.

En cuanto al Artículo 201, contenido en la Sección 861, los elementos esenciales del delito lo son: el ofrecer o vender, un valor, y que la oferta o venta la realice una persona no registrada como corredor-traficante o agente.

Surge de las interpretaciones anglosajonas, que en la mayoría de los estados, bajo el “Uniform Act”, el fiscal no tiene que probar que los delitos bajo la  Ley de Valores fueron cometidos con intención específica.  Como consecuencia de esto, el imputado no puede escapar de su responsabilidad alegando que no conocía la Ley de Valores, ni sus prohibiciones.  Al momento de redactar esta legislación el legislador tipificó las violaciones a las secciones de esta ley.  Surge de la misma Ley de Valores de Puerto Rico, Ley Núm. 60, según enmendada, en su artículo 409 lo siguiente:

Sección 889. Penalidades.

(a)  Cualquier persona que voluntariamente viole cualquier disposición de este capítulo, excepto la sec. 884 de este título, o que voluntariamente viole cualquier reglamento u orden promulgada de acuerdo con las disposiciones de este capítulo, o que ………………, una vez fuere convicta será castigada con una multa que no será menor de quinientos (500) dólares ni mayor de diez  mil (10,000) dólares, o con pena de reclusión por un término que no será menor de seis meses ni mayor de cinco (5) años, o ambas penas. ……………………………………………………”

 Por lo que respecta a la Ley de Valores de Puerto Rico, Ley Núm. 60, según enmendada, el elemento esencial es que sabía que estaba realizando el acto, no se tiene que probar que el imputado sabía que estaba cometiendo el delito.  No implica conocimiento legal sobre la disposición de la ley que se está violando.  State vs. Kersher, 15 Kan. App. 217 (801 P.2d 68, 1960).

III. Conclusión

Bajo este panorama a una persona que violente las disposiciones contenidas en las secciones 851, 861 y 871, posiblemente se le radicarían cargos criminales en el Tribunal de Primera Instancia, del pueblo donde se haya cometido la violación.  Asimismo, se podría radicar cargos criminales por el delito de apropiación ilegal contra el imputado de vender el valor. En cuanto al delito de apropiación ilegal bajo el Código Penal actual, el mismo lee de la siguiente forma:

 “Artículo 193. Apropiación Ilegal Agravada

Incurrirá en delito grave de tercer grado, toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal descrito en el Artículo 192, si se apropia de propiedad de fondos públicos, o de bienes cuyo valor sea de mil ($1,000) dólares o más.

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menos de mil (1,000) dólares, pero mayor de quinientos (500) dólares, incurrirá en delito grave de cuarto grado.
El Tribunal podrá imponer la pena de restitución.”

En ese sentido, bajo el Código Penal para poder probar el delito de apropiación es necesario probar que se sustrajo un dinero sin violencia ni intimidación.

Los negocios pirámides no son legales en Puerto Rico.  Tal y como establece la Ley Número 60, supra, la persona que venda u ofrezca un valor, entendiéndose como contrato de inversión, bonos, entre otros cobijados por la Ley 60, debe solicitar su inscripción previamente en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  Del mismo modo, el valor debe inscribirse en dicha Oficina.  El no realizar ambos actos podría conllevar la posible radicación de cargos criminales según establecido en la misma Ley Núm. 60.  Por lo que, un primer paso para establecer su legitimidad es que el ciudadano pregunte a ese inversionista si tiene las licencias de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

Los ciudadanos deben estar alertas y atentos ante estos tipos de esquemas y tomar en consideración que no todo lo que brilla es oro.  El sentido común juega un papel primordial para que no nos tomen el pelo con estos negocios “fabulosos”.


[1] Serbia, Xavier. “Los negocios pirámides: ¿Te harán rico?, “Revista Negocios”, El Nuevo Día, 26 de julio de 2009.

[2] Información tomada de Wikepia.com

[3] Ibid.

[4] Ibid. Serbia, Xavier. “Los negocios pirámides: ¿Te harán rico?, “Revista Negocios”, El Nuevo Día, 26 de julio de 2009, a la página 14.

[5] Ibid.

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¿POR QUE DEBEMOS ELIMINAR EL LAVADO DE DINERO?

 

Lcda. Brenda Rosado Aponte

Columna publicada en el periódico El Nuevo Dïa

Abogada, Conferenciante y Profesora Universitaria

 

El lavado de dinero nos hace preguntarnos: ¿Cómo es posible que los narcotraficantes puedan abrir una cuenta bancaria con información falsa y depositar miles de dinero sin que la institución financiera logré percatarse? ¿Cuántas formas existen para lavar el dinero? ¿Qué responsabilidad si alguna tienen las instituciones financieras en la guerra contra el lavado de dinero?

 

  ¿Por qué la gente no conoce o sabe sobre el lavado de dinero?  Acaso no saben que el lavado de dinero está íntimamente relacionado con la drogadicción, apropiación ilegal, y cualquier otro delito.

 

La droga es un virus que poco a poco arropa nuestra sociedad. Pero, el problema de la drogadicción o del mismo lavado de dinero no se resuelve arrestando y procesando al drogadicto que pide limosna para poder sobrellevar su vicio.  El problema se resuelve arrestando al que está en la cúspide de la venta de drogas.  Precisamente, el llamado magnate o dueño del punto de drogas es el que maneja la llegada y entrega de drogas.  Este mantiene el control del punto de drogas y no es usuario, pero vive de la dependencia del drogadicto que deambula en la esquina.  El dueño del punto de drogas vive de la drogodependencia de los más débiles que poco a poco lo hacen millonario.  La debilidad del otro lo engrandece en las ventas y la llegada del dinero fácil que se convierte en cientos de miles de dólares.  Esos cientos de miles de dólares provenientes de la venta de drogas debe esconderlos y hacerlos aparentar como legales.  De ahí aparecen las magníficas oportunidades de lavar el dinero sucio que entra en nuestras instituciones financieras. 

 

Hoy por hoy las instituciones de ley y orden federal apresan a los narcotraficantes por cargos criminales relacionados el lavado de dinero.  El lavado de dinero o blanqueo de capitales existe desde tiempos remotos.  Siempre ha existido la necesidad de ocultar el dinero proveniente de cualquier actividad ilegal y seguirá existiendo mientras exista el crimen organizado, el narcotráfico, entre otros delitos.

 

Por eso debemos erradicar el lavado de dinero porque en principio estamos erradicando el narcotráfico, la drogadicción y finalmente arrancando la raíz del problema.  El drogadicto que paga por la droga en el punto de la esquina puede ser nuestro vecino, hermano, primo o cualquier otro familiar. 

 

Para eliminar por completo el problema necesitamos llegar a la raíz y desprenderla. Eliminar el lavado de dinero significa librarnos de la droga que está en la calle.

 

 

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EL FRAUDE NUESTRO DE CADA DIA

 Lcda. Brenda Rosado Aponte

Abogada, Conferenciante y Profesora Universitaria 

Columna publicada en el periódico El Nuevo Dïa

El Fraude nuestro de cada día consiste en aprovecharse de la ingenuidad de las personas y arrebatarles miles de dólares.  De seguro, habrás escuchado lo siguiente: “Con solo $200, puedes ganar $25,000 por mes”, o “Si inviertes la cantidad de $300, puedes generar más de $18,000 mensuales”. Este tipo de esquemas está regulado y fiscalizado por leyes y reglamentos cobijados por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  ¿Pero, cuáles son las protecciones que nuestras instituciones brindan a las víctimas de este tipo de fraude en Puerto Rico?

El puertorriqueño y la puertorriqueña que ha sido víctima de una estafa o esquema como el mencionado anteriormente tiene a su alcance la protección bajo las leyes estatales.  Ello conllevaría una investigación liderada por la Oficina del Comisionado de Instituciones y la posible radicación de cargos criminales por parte de un agente investigador y del Departamento de Justicia estatal.

Hoy por hoy, un esquema Ponzi, como se le llama a este tipo de esquema, es conocido como uno que consiste en un sistema de inversión que promete un alto rendimiento.  Para poder dar esos altos créditos, los nuevos inversionistas  son los que pagan los intereses de los antiguos.  Del mismo modo, se utilizan las instituciones financieras en Puerto Rico, mediante las transferencias electrónicas para cometer el delito.  Un ejemplo de ello sería el que a un ciudadano X se le hace un ofrecimiento para invertir en las minas de oro de Argentina, con un rendimiento de 30% mensual.  Como parte del negocio se le insta al perjudicado a enviar su inversión mediante una transferencia electrónica de Banco de Puerto Rico a Banco de Argentina.  Por medio de las transferencias electrónicas de nuestras instituciones financieras el perjudicado entra a un negocio fatulo.

La  Ley Uniforme de Valores, Ley Número 60 del 18 de junio de 1963, según enmendada, mejor conocida como Ley Uniforme de Valores, es la ley que protege a las víctimas de fraude en valores. Dicha ley se creó con el propósito de prohibir las prácticas fraudulentas en relación a la venta de valores.  Y su protección cobija a todos los ciudadanos, independientemente de que la persona sea una experta en inversiones o valores.

La Ley de Valores de Puerto Rico exige que todo valor que se ofrezca o venda en Puerto Rico esté inscrito en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  En ese sentido, el término valor incluye, bonos, contratos de inversiones, acciones en cartera, bonos, certificado de interés, entre otras definiciones.

Bajo este panorama, una persona que violente las disposiciones contenidas en la Ley de Valores, posiblemente se le radicarían cargos criminales en el Tribunal de Primera Instancia, del pueblo donde se haya cometido la violación.  Asimismo, se podría radicar cargos criminales por el delito de apropiación ilegal contra el imputado de vender el valor.

Los negocios pirámides no son legales en Puerto Rico.  La persona que venda u ofrezca un valor, entendiéndose como contrato de inversión, bonos, entre otros, debe solicitar su inscripción previamente en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  Del mismo modo, el valor debe inscribirse en dicha Oficina.  El no realizar ambos actos podría conllevar la posible radicación de cargos criminales. 

Por lo que, un primer paso para establecer su legitimidad es que el ciudadano pregunte a ese inversionista si tiene las licencias de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  Además, esta oficina gubernamental mantiene una página electrónica en la que el ciudadano puede corroborar si ese “supuesto” inversionista aparece en la lista de personas certificadas para vender valores.

Los ciudadanos deben estar alertas y atentos ante estos tipos de esquemas y tomar en consideración que no todo lo que brilla es oro.  El sentido común juega un papel primordial para que no nos tomen el pelo con estos negocios “fabulosos”.

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Ley de Transferencias de Fondos al Extranjero y el Lavado de Dinero

LEY DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTRANJERO

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LA PETICION DE QUIEBRAS Y EL COBRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

Lcda. Brenda Rosado Aponte[1]        

I. Introducción

Algunos querellados solicitan peticiones de quiebra ante el Tribunal de Quiebras Federal con el propósito de paralizar los procedimientos administrativos iniciados por una agencia administrativa.  Independientemente de las razones para radicar una petición de quiebras, y de la cercanía de la misma a la vista administrativa en su fondo, muchas veces logran el propósito de frustrar los procedimientos administrativos.  A esos efectos, existe la posibilidad de levantar como defensa la excepción a la norma general de paralización de los procedimientos cobijada en 11 USC sección 362(B)(4) del Código de Quiebras Federal. La excepción a esta norma federal es cuando una agencia gubernamental comienza o continúa un proceso “to enforce such government unit’s or organization’s police and regulatory power”, 11 USC Sección 362 (b) 4.  Por lo que, según la sección anterior no se paralizará ningún procedimiento iniciado ante una agencia gubernamental en el cumplimiento de su poder de fiscalización y regulatorio.

Como regla general, la radicación de una petición de quiebras imposibilita el cobro de multas y la restitución de partidas cobradas indebidamente a terceros.  En cuanto a este particular, nos referimos a partidas que un querellado haya cobrado indebidamente a un tercero y que la agencia bajo su poder regulatorio exija su devolución. Por lo cual, la agencia administrativa no podría cobrar las partidas correspondientes cuando el individuo tiene la protección concedida por el Código de Quiebras.  A continuación, exponemos el derecho de quiebras federal para abordar las excepciones a esta Regla General.

II. Situación del Derecho de Quiebras Federal     

La quiebra es el procedimiento establecido en el Código de Quiebras de los Estados Unidos, Título 11 del United States Code, y le brinda a los deudores un nuevo comienzo en su vida financiera. Más aún ofrece a los acreedores una distribución equitativa de los activos del deudor.  En la práctica, la quiebra suele ser la única opción efectiva para obtener una reorganización y un alivio a la continúa presión de acreedores que amenazan con acciones de cobro, reposesiones, embargos, ejecuciones de sentencia y prácticas de cobro amenazantes que ponen en riesgo la propiedad, seguridad en el empleo o la tranquilidad personal.  Los deudores con problemas financieros tienen disponible la alternativa de radicar un Capítulo 7 o un Capítulo 13.  Estas posibilidades le permiten a los deudores un nuevo comienzo y una reorganización de sus finanzas.  Además, les garantiza que puedan retener sus propiedades mediante la protección que ofrecen las exenciones que establece la ley.  Estos procesos permiten que los acreedores sean tratados de igual manera dentro de su tipo de deuda y evita que uno o pocos acreedores con prácticas más agresivas de cobro se beneficien, en detrimento de otros[2].

El Capítulo 7 se conoce comúnmente como liquidación o quiebra total donde toda propiedad no exenta del deudor, en teoría, puede ser vendida o liquidada para el pago de deudas, según las pautas dictadas en la ley.  Mientras, el Capítulo 13 es conocido como reorganización de la quiebra, donde el deudor propone un plan de pago de todas o algunas de sus deudas, a tenor con lo dispuesto en ley.  De este modo, el deudor protege su propiedad mediante el pago del valor no exento a sus acreedores[3].

III. La paralización automática       

La mera radicación de una petición de quiebra no importa el Capítulo, opera como una paralización automática.  A esos efectos, el Tribunal de Quiebras emitirá una orden de paralización del cobro de deudas.  La sección 362 del Código de Quiebras Federal dispone sobre la paralización lo siguiente:

“ (a) Except as provided in subsection (b) of this section, a petition filed under section 301, 302, or 303 of this title, or an application filed under section 5(a)(3) of the Securities Investor Protection Act of 1970, operates as a stay, applicable to all entities, of

(1)     the commencement or continuation, including the issuance or employment of process, of a judicial, administrative, or other action or proceeding against the debtor that was or could have been commenced before the commencement of the case under this title, or to recover claim against the debtor that arose before the commencement of the case under this title;

(2)     the enforcement, against the debtor or against property of the estate, of a judgment obtained before the commencement of the case under this title;

(3)     any act to obtain possession of property of the estate or of property from the estate or to exercise control over property of the estate;

(4)     any act to create, perfect, or enforce any lien against property of the estate;

(5)     any act to create, perfect, or enforce against property of the debtor any lien to the extent that such lien secures  claim that arose before the commencement of the case under this title;

(6)     any act to collect, assess, or recover a claim against the debtor that arose before the commencement of the case under this title;

(7)     the setoff of any debt owing to the debtor that arose before the commencement of the case under this title against any claim against the debtor; and

(8)     the commencement or continuation of a proceeding before the United States Tax Court concerning the debtor.”

La sección antes citada provee para la paralización automática de los procedimientos que puedan existir contra el deudor.  “Stay, Stay Order, Stay of Proceedings”, que es la principal razón por la cual un deudor radica una petición de quiebras.  Esta misma sección ofrece los fundamentos por los cuales se puede acudir al Tribunal para que se deje sin efecto la orden de paralización.  Específicamente, el inciso (b)(4), de la misma sección 362, dispone en su parte pertinente lo siguiente:

“(b) The filing of a petition under section 301, 302, or 303 of this Title, or of an application under section 5(a)(3) of the Securities Investor Protection Act of 1979, does not operate as a stay…

(1)….

….

(4) under paragraph (1), (2), (3), or (6) of subsection (a) of this section, of the commencement or continuation of a action or proceeding by a governmental unit or any organization exercising authority under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on their Destruction, opened for signature on January 13, 1993, to enforce such governmental unit’s or organization’s police and regulatory power, including the enforcement of a judgment, obtained in an action or proceeding by the governmental unit to enforce such governmental unit’s or organization’s police or regulatory power:”

En otras palabras el Código de Quiebras Federal expone que una vez radicada una petición de quiebras, opera una paralización de los procedimientos judiciales.  La excepción a esta norma general es cuando una agencia gubernamental comienza o continúa un proceso “to enforce such government unit’s or organization’s police and regulatory power” (11 USC Sección 362(b)(4))

La jurisprudencia norteamericana ha tenido la oportunidad de considerar cuando a un procedimiento ventilado por una agencia reguladora no le es aplicable la paralización automática contemplada en el Código de Quiebras Federal.  En In Re Mansfield Tire & Rubber Co, 660 F.2d 1108, 1115 (6th Circuit 1981) se sostuvo la compensación a los trabajadores otorgada por una agencia estatal bajo ciertas circunstancias particulares y no le fue aplicable la paralización automática.  Por otra parte, en In Re Tauscher, 7 B.R. 918, 920(Bankr E. D. Wis 1981), se sostuvieron las violaciones incurridas bajo el Fair Labor Standard Act y tampoco le fue aplicable la paralización automática.  Del mismo modo, el Tercer Circuito convalidó un interdicto preliminar solicitado bajo leyes ambientales al que tampoco le fue aplicable el “automatic stay”.  Penn Terra, 733 F. 2d 274.

En otras palabras el Tribunal Federal ha señalado reiteradamente que la sección 362A del Código de Quiebras no opera automáticamente Cournoyer v. Town of Lincoln 790 F. 2d 971, 974 (1st Cir 1986), In Re Corporación de Servicios Médicos Hospitalarios, 805 F. 2d 440 (1986).  Cabe señalar que la excepción recogida en la sección 362(b)(4) aplica a leyes reguladoras que gobiernen la conducta del deudor.  En ese sentido, en In the Matter of Commonwealth Oil Refining Co., Inc. v. United States Environmental Protection Agency, 805 F.2d 1175 (1986) se señala que no hay paralización automática cuando la agencia persigue evitar un fraude, proteger el ambiente y al consumidor, entre otros.  En ese sentido, el Tribunal indicó lo siguiente:

“ The automatic stay provision is not however, absolute.  Congress set forth in 11 USC Section 362(b), several exceptions to the automatic stay… Paragraph (4) excepts commencement or continuation of actions and proceedings by governmental units to enforce police or regulatory powers. Thus, where a governmental unit is swing a debtor to prevent or stop violation of fraud, environmental protection, consumer protection, safety or similar police or regulatory laws, or attempting to fix damages for violation of such law, the action or proceeding is not stayed under the automatic stay”    

Los tratadistas y la jurisprudencia norteamericana han interpretado el término “police or regulatory action” de dos formas: “(1) actions in which the government seeks to protect public health, safety and welfare and (2) actions in which the government seeks to protect a pecuniary interest”, In Re Corporación de Servicios Médicos Hospitalarios 805 F.2d 440 (1986). Este término es utilizado bajo la excepción de la paralización automática de la sección 362(b) para reforzar la posición de la agencia reguladora cuando se ha ventilado un proceso administrativo.

Por otra parte, en cuanto al término “money judgment” se refiere, el Tercer Circuito Federal ha indicado lo siguiente: “were we to find that any order which requires the expenditure of money is a money judgment, then the exception to section 362 for government police action would be narrowed into virtual non existence.  We cannot ignore the fundamental that, in contemporary times, almost everything costs something”, Penn Terra 733 F. 2d at 277-278.

Las agencias administrativas tienen autoridad por ley para llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar, emitir decisiones, entre otros.  Además, la misma Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, les da facultad para expedir licencias, certificados, permisos, concesiones, acreditaciones, privilegios o franquicias.  En ese sentido, las agencias o entidades gubernamentales pueden atender, investigar y resolver querellas contra individuos que operan o hacen negocios sin haber obtenido previamente licencia o permiso de la agencia administrativa en cuestión.   Ello puede interpretarse como el “police power’ de la agencia gubernamental que se resume en velar por el bienestar público.

Tanto la jurisprudencia norteamericana citada, como la sección 362(b)(4) permiten la continuación de los procesos ante una agencia reguladora.  En el caso de que una agencia administrativa radique una Querella contra un individuo porque éste hizo negocios sin haber obtenido previamente licencia de la agencia, es de aplicación la excepción a la paralización de los procedimientos bajo la sección 362(b) (4) del Código de Quiebras.  Además, los Tribunales han interpretado que la mera radicación de una petición de quiebras para buscar la protección no es sostenible como argumento, In Re HBA East Inc. E.D. N.Y. 1988, 87 BR 248.

  IV. Relevo

 El relevo es el objetivo principal de un procedimiento de quiebra y se obtiene al concluir el plan de pagos bajo el Capítulo 13 o en un caso bajo un Capítulo 7.  El Tribunal de Quiebra notifica al deudor que lo relevará de pagar lo que adeude a sus acreedores sin garantía.  En términos generales es la orden del Tribunal de Quiebra donde releva al deudor de pagar sus obligaciones, esto es realmente lo que busca el deudor cuando radica la petición de quiebra.  Hay que tomar en cuenta, que hay ciertas deudas que no son relevables, como por ejemplo, las pensiones alimentarias. El relevo se emite cuando la persona cumple con su plan  de pagos y no es igual al cierre o fin del caso.

Existen 18 categorías de excepciones a la norma general de relevo bajo los Capítulos 7, 11 y 12.  Las excepciones al relevo aplican automáticamente si el lenguaje prescrito en la sección 523(a) aplica. Dicha sección indica lo siguiente:

“ Section 523. Exceptions to discharge

(a)  A discharge under section 727, 1141, 1228 (a), 1228(b), or 1328(b) of this title does not discharge an individual debtor from any debt-

(1)  for a tax or a customs duty-

(A)  of the kind and for the periods specified in section 507(a)(2) or 507(a)(8) of this title, whether or not a claim for such tax was filed or allowed;

(B)  with respect to which a return, if required-

(i) was not filed; or

(ii) eas file after the date on which such return was last due, under aplicable law or under any extensión, and after two years before the date of the filing of the petition; or

(C)  with respect to whic the debtor made a fraudulent return or willfully attempted in any manner to evade or defeat such tax;

(2)  for money, property, services, or an extensión, renewal, or refinancing of credit, to the extent obtained by

(3)  neither listed nor scheduled under section 521(1) of this title, with the name, if known to the debtor, of the creditor to whom such debt is owed, in time to permit

(4)  for fraud or defalcation while acting in a fiduciary capacity, embezzlemente, or larceny;

(5)  to a spouse, former spouse, or child of the debtor, for alimony to, maintenance for, or support of such spouse or child, in connection with a separation agreement, divorce decree or other order of a court or record, determination made in accordance with a State or territorial law by a governmental unit, or property settlement agreemente, but not to the extent that-

(6)  for willful and malicious injury by the debtor to another entity or to the propert of another entity;

(7)  to the extent such debt is for a fine, penalti, or forfeiture payable to and for the benefit of a governmental unit, and is not compensation for actual pecuniary loss, other than a tax penalti

(A)  relating to a tax of a kind not specified in paragraph (1) of thi subsection; or

(B)  imposed with respect to a transaction or event that ocurred before three years before the date of the filing of the petition;

(8)  for an educational benefit..

(9)  for death or personal injury”

Existen ciertas excepciones al relevo que de forma sencilla se pueden resumir de la siguiente forma:

  • Dinero adeudado de pensiones alimentarias, multas impuestas por agencias de gobierno y algunos impuestos.
  • Deudas no informadas durante el trámite de quiebra.
  • Préstamos obtenidos mediante información que se sabe es falsa cuando el acreedor descansó en esa información para dar el préstamo.
  • Deudas como resultado de haber infligido daño intencional y malicioso.
  • Deudas por concepto de préstamos de estudios a un colegio o entidad de gobierno, excepto si la deuda tiene más de siete (7) años desde su vencimiento ala fecha de radicación de una petición  de quiebra o la corte decide que el pago de esa deuda tiene un efecto adverso excesivo en el deudor (“undue hardship” )
  • Deudas garantizadas que no fueron pagadas durante la quiebra, pero la quiebra releva del pago de cualquier entidad si la propiedad en garantía es vendida por el acreedor asegurado[4].

En el caso del relevo del Capítulo 13, cuando el deudor completa su plan de pagos se relevan todas las deudas, excepto la obligación de pago de pensiones alimenticias, pagos de estudios, deudas incurridas como consecuencia de conducir en estado de embriaguez, ciertas penalidades en casos criminales y órdenes de restitución y deudas a largo plazo que se continúan pagando luego de la terminación del plan, entre otros[5].

En términos generales, el relevo equivale a que el deudor no tendrá la obligación de pagar a aquellos acreedores incluidos en la llamada “master list”, que llevó ante el Tribunal de Quiebras.  La norma general de relevo contiene excepciones que permiten el cobro de ciertas deudas que no son relevables.

V. Conclusión       

Una vez iniciado un procedimiento administrativo contra un individuo que ha violado alguna de las leyes administradas por cualquiera de las agencias administrativas y éste solicita que se paralicen los procedimientos por el fundamento de paralización del Código de Quiebras, la agencia puede continuar el proceso bajo la excepción recogida en la sección 362(b)(4).  El fundamento que aplica es cuando una agencia gubernamental comienza o continúa un proceso “to enforce such government unit’s or organization’s police and regulatory power” (11 USC Sección 362 (b)(4))

En el caso de que haya un “discharge” o relevo, la agencia administrativa puede sostener su posición de cobrar la multa impuesta en su Resolución u Orden Final bajo la excepción recogida en la Sección 523 inciso 7.  Es importante destacar que la sección 523 en su inciso 7 indica que el relevo aplica cuando lo que se quiere cobrar es una multa o penalidad en beneficio de una agencia gubernamental.

 

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