¿Los abogados leen?

Hace poco le pregunté a un compañero abogado: ¿Cuál es tu libro favorito?, y honestamente no esperaba su respuesta, “yo no leo”.   Ello me hizo reflexionar sobre la profesión de abogado y de cómo lo que leemos, independientemente si es sobre derecho o literatura, incide en nuestro pensamiento y en nuestros casos.

Recuerdo con mucho entusiasmo cuando me encontraba en la facultad de derecho y tomé el curso de derecho y literatura.  En el mismo nos adentramos a estudiar textos de literatura y estudiar la influencia del derecho en la literatura.  Para mí significó ese paso definitivo a un mundo nuevo donde me sentía parte, pero no del todo.  Como pez en el agua me sumergí en el mismo medio de dos océanos, sin saber a cuál de los dos pertenecía.  Así estuve todo un semestre donde amé a la par a la literatura y al derecho.

La literatura y el conglomerado de todos sus géneros nos permiten adueñarnos de un lenguaje.  La literatura es el arte que crea belleza mediante el léxico inigualable que guardamos en nuestro consciente. Como mundo imaginario nos lleva a reflexionar de manera crítica sobre las cuestiones trascendentales que se plantean en el mundo social, personal, profesional y hasta jurídico. En principio, el derecho y la literatura parecen polos opuestos, pero al final tienen grandes vínculos marcados desde la propia existencia de ambas disciplinas.

El derecho y la literatura tienen denominadores comunes, entre ellos que en ambas disciplinas se utiliza el poder de la palabra para llegar al lector, al estudiante, al juez, al abogado, y al juez, entre otros.  La palabra y la interpretación que se le dé a ella son la fuerza y el motor de todo abogado, ya sea uno experimentado o principiante.  El buen dominio de la palabra escrita y verbal transforma el trabajo jurídico y lleva a una práctica exitosa de la profesión.  Como diría Pablo Neruda: “Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan”.   En fin, la palabra transforma nuestro trabajo diario de abogado, pues con ellas nos dirigimos al cliente, al juez, y al jurado.  No tener el dominio de la palabra escrita o verbal es andar a ciegas en un mundo donde es necesario argumentar, sustentar y sostener una posición.

Ya lo decía el gran jurista Felix Frankfurter en el 1954, cuando se le preguntó: “¿qué se requiere para ser un buen abogado?” y su contestación es espléndida.  La misma lee: “Nadie puede ser abogado verdaderamente competente, a menos que sea culto.  Si yo fuera tú, me olvidaría de todo preparación técnica de la ley.  La mejor manera de prepararse para la carrera de leyes es siendo una persona letrada”.   No es menos cierto, que el abogado debe desarrollar esa sensibilidad y cultura amplia hacia los textos literarios. El jurista o abogado debe cultivar su imaginación con textos literarios, poesía, arte y hasta música.  Todo ello propende al cultivo de la agudeza y perspicacia de la profesión jurídica.   Un abogado instruido en literatura puede llevar un mensaje claro a un jurado y llegar al corazón de un juez justo.  En la medida en que la profesión de abogados deje a un lado la literatura se perdería la magia del dominio de la palabra.  Confío que nuestra profesión sea una donde el abogado o abogada desarrolle un afecto por la literatura universal.

 

 

 

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Bendiciones del Nuevo Código Penal

El nuevo Código Penal aprobado bajo la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012 tipifica el delito de lavado de dinero. El anterior Código del 2004 tipificó y creó por primera vez en Puerto Rico el delito de lavado de dinero.

Bajo el nuevo Código Penal aprobado encontramos que la única diferencia considerable es la pena fija de 8 años a toda persona que cometa el delito de lavado de dinero. Bajo el anterior Código Penal la pena fluctuaba entre 3 años y 1 día hasta 8 años.

El nuevo Código Penal trae consigo una acción favorable para el Ministerio Público y es el hecho de mantener y fijar la pena de 8 años para todo aquel convicto de delito de lavado de dinero. Así que es una bendición para el Fiscal que tenga que procesar y probar finalmente el delito el hecho de que el nuevo Código Penal mantenga una pena fija. Contrario al delito anterior que no lo tenía.

El delito de lavado de dinero bajo el actual Código Penal lee de la siguiente forma:

“Artículo 221.- Lavado de dinero.
Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años toda persona que leve a cabo cualquiera de los siguientes actos:
(a) convierta o transfiera bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de una participación en ese tipo de actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes; u

(b) oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, localización, disposición o movimiento de la propiedad, de bienes o de derechos correspondientes, a sabiendas de que los mismos proceden de una actividad delictiva o de una participación en este tipo de actividad.

El tribunal dispondrá la confiscación de la propiedad, derechos o bienes objeto de este delito, cuyo importe ingresará al Fondo de Compensación a Víctimas de Delito.”

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¿Qué es el lavado de dinero?

El lavado de dinero es el proceso de ocultar o disfrazar los bienes y recursos provenientes de una actividad ilegal para aparentar que son legítimas.

Un ejemplo de una actividad sospechosa podría ser:

A. Un funcionario público de un país X obtuvo su dinero a través de sobornos y decide abrir una cuenta bancaria con el dinero de dicha actividad ilícita y lo deposita en una institución financiera en Puerto Rico.

B. Individuo que retira dinero de una cuenta que recientemente recibió mediante transferencia de fondos de otro país.

C. Originación de una cuenta bancaria con información falsa o de difícil verificación.

D. Un sinnúmero significativo de personas que hagan depósitos en efectivo en la misma cuenta bancaria, sin una explicación adec

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LOS NEGOCIOS PIRÁMIDES: ¿SON LEGALES?

Lcda. Brenda Rosado Aponte

De seguro, habrás escuchado lo siguiente sobre los negocios pirámides: “Con solo $195, puedes ganar $15,000 por mes”, o “Si inviertes la cantidad de $130, puedes ganar más de $18,000 mensuales”[1].  Recientemente la revista “Negocios” del periódico El Nuevo Día, publicó un artículo sobre los negocios pirámides.  Este tipo de esquemas está regulado y fiscalizado por leyes y reglamentos cobijados por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  En este artículo pretendemos explorar el surgimiento de los negocios piramidales, y así mismo analizar la Ley Uniforme de Valores, Ley Número 60 del 18 de junio de 1963, según enmendada.  Todo ello para concluir cuáles son las protecciones que nuestras instituciones brindan a las víctimas de este tipo de fraude en Puerto Rico.

I. Carlo Ponzi– el padre del negocio de las pirámides

El padre de los esquemas de pirámides se llama Carlo Ponzi, inmigrante italiano, quien llegó a los Estados Unidos en el 1903, donde logró asimilarse con rapidez[2]. Algunos de sus biógrafos aseguran que fue un estudiante ambicioso que quería prosperar y otros dicen de él que se trataba de un ladronzuelo con poco futuro al que su familia embarcó hacia América para quitárselo de encima[3]

El golpe más extraordinario de Ponzi fue en el año 1919, con la creación de una compañía bajo el nombre de Securities Exchange Company. Carlo Ponzi creó un esquema basado en los cupones que los inmigrantes italianos enviaban por carta a sus familias, extremadamente pobres a causa de la guerra, para que los cambiaran por dinero y pudieran responder a las cartas.  Este negocio fabuloso comenzó a repartir cupones prometiendo unas ganancias del 50% en 45 días o del 100% pasados los tres meses. En poco tiempo se convirtió en un personaje acaudalado, y tanto políticos como los medios de comunicación de aquel entonces lo presentaban como un empresario ejemplar.

Con ese solo argumento de negocio y un poder extraordinario de persuasión, Ponzi convenció a sus amigos de invertir con él su dinero con la promesa de devolverles su inversión a los 90 días con un interés directo del 45% sobre el capital. A las pocas semanas tenía una fila enorme de personas deseosas de invertir en el “negocio de Ponzi” y que no querían tener la vergüenza de ser los tontos del barrio que no habían invertido en un negocio seguro.

Todo funcionó bien durante los primeros meses, el dinero llegaba a los inversionistas y los intereses se pagaban tal y como había estipulado. Las viudas hipotecaban sus casas y la gente recogía sus ahorros para invertirlos en su negocio fabuloso.  El estafador Ponzi logró convencer a cerca de 10,000 personas para que invirtieran en su negocio.  El experto en finanzas Xavier Serbia nos dice lo siguiente sobre este esquema: 

“La idea era comprar cupones de sellos en países donde la moneda estaba devaluada y los vendía en Estados Unidos donde los inmigrantes a un precio mayor para ser enviados a su país de origen con el fin de que los familiares escribieran cartas y pagaban los costos de envío con el cupón comprado en Estados Unidos.  La idea era sacar ventaja sobre la diferencia de precio que había en los sellos postales internacionales.”[4]

Al tiempo la pirámide de Ponzi colapsó, pero lo que las personas desconocían es que era imposible llevar a cabo un negocio tal como lo planteaba Ponzi.  Ello porque los costos de comprar los cupones en otro país y el de transportación no podían generar las ganancias que prometían.  Por eso, necesitaba nuevos inversionistas para pagarles a los antiguos a la vez que se quedaba con una parte para disfrutar sus lujos[5].  Lo increíble era que Ponzi sólo había invertido $30 dólares  y la pirámide llegó a recibir millones de dólares en inversiones.    

Hoy por hoy, un esquema Ponzi es conocido como uno que consiste en un sistema de inversión que promete un alto rendimiento.  Para poder dar esos altos créditos, los nuevos inversionistas  son los que pagan los intereses de los antiguos.  El puertorriqueño y la puertorriqueña que ha sido víctima de una estafa o esquema como el de Ponzi tiene a su alcance la protección bajo las leyes estatales.  Ello conllevaría una investigación liderada por la Oficina del Comisionado de Instituciones y la posible radicación de cargos criminales por parte de un agente investigador y del Departamento de Justicia estatal.

II. La Ley Uniforme de Valores y su alcance

La  Ley Uniforme de Valores, Ley Número 60 del 18 de junio de 1963, según enmendada, mejor conocida como Ley Uniforme de Valores, es la ley que protege a las víctimas de fraude en valores. La exposición de motivos de la Ley Número 60, según enmendada, expresa el interés del legislador en prohibir las prácticas fraudulentas en relación a la venta de valores.  Y su protección cobija tanto a todos los ciudadanos, independientemente de que la persona sea una experta en inversiones o valores.

 En Paine Webber v. First Boston, Inc. 136 DPR 541 (1994), nuestro Tribunal Supremo expuso, refiriéndose a la Ley Uniforme de Valores, Ley Núm. 60, según enmendada:

 “La Ley fue creada con el propósito de establecer en Puerto Rico una reglamentación protectora para el inversionista en el negocio de valores”.

El Artículo 101 de la Ley Uniforme de Valores en su parte pertinente establece cuáles son los actos prohibidos con respecto a la venta y compra de valores.  Dicha sección lee de la siguiente forma:

Sección 851. Compras y Ventas

Será ilegal que cualquier persona, en relación con la oferta, venta o compra de cualquier valor, directa o indirectamente:

(1) Emplee cualquier treta, ardid, o artificio con el propósito de defraudar;

(2) Haga cualquier manifestación falsa sobre un hecho material necesario para evitar que las declaraciones formuladas, a la luz de las circunstancias bajo las cuales se hicieron, conduzcan a error,

(3) Se dedique a cualquier acto, práctica, o clase de negocio que opere u operaría como fraude o engaño sobre cualquier persona;

(4) Emita, circule o publique cualquier material impreso o por medios electrónicos, que contenga representación falsa sobre un hecho material, u omita información sobre un hecho material necesario de forma de que la información que se emita, circule o publique, a la luz de las circunstancias en que fue emitida, circulada o publicada, conduzca a error, o

(5) Emita, circule o publique cualquier material, o realice cualquier representación escrita, a menos que el nombre de la persona que emita, circule, publique o haga la misma, y el hecho de que es esa persona quien emite, circula, publica o hace la representación, esté claramente indicado en esa misma comunicación.”

Los elementos esenciales de este delito contenidos en el Artículo 101 de la Ley Uniforme de Valores son: 1) que se haga una oferta, venta o compra directa o indirectamente, 2)  que se pruebe que exista un valor, 3) una treta, ardid o artificio, 4) con el propósito de defraudar.  Por otra parte, el artículo 201, contenido en la Sección 861, y el artículo 301, contenido en la Sección 871, de la Ley Uniforme de Valores, ambos en su parte pertinente, establecen lo siguiente:

861. Requisitos de inscripción y notificación

(a) Será ilegal que cualquier persona haga negocios como corredor-traficante o agente en Puerto Rico a menos que esté inscrito según las disposiciones de este capítulo.

……………………………………………………………………………………………………………”

871. Requisito

Será ilegal que cualquier persona ofrezca o venda cualquier valor en Puerto Rico a menos que:

(1) Dicho valor haya sido inscrito bajo las disposiciones de este capítulo;

(2) El valor o transacción esté exento bajo las disposiciones de la sección 882 de este título, o

(3) El valor en cuestión es un valor bajo cubierta federal (federal cover)”

La Ley de Valores de Puerto Rico exige que todo valor que se ofrezca o venda en Puerto Rico esté inscrito en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  En ese sentido, los elementos esenciales de este delito contenido en la Sección 871, Artículo 301, son el ofrecer o vender, un valor, y que dicho valor no esté inscrito en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  Es importante destacar que la definición de valor, se encuentra en la sección 881, de la Ley Núm. 60, supra.  La misma ha sido ampliada por la jurisprudencia federal, pero el término valor incluye, bonos, contratos de inversiones, acciones en cartera, bonos, certificado de interés, entre otras definiciones.

En cuanto al Artículo 201, contenido en la Sección 861, los elementos esenciales del delito lo son: el ofrecer o vender, un valor, y que la oferta o venta la realice una persona no registrada como corredor-traficante o agente.

Surge de las interpretaciones anglosajonas, que en la mayoría de los estados, bajo el “Uniform Act”, el fiscal no tiene que probar que los delitos bajo la  Ley de Valores fueron cometidos con intención específica.  Como consecuencia de esto, el imputado no puede escapar de su responsabilidad alegando que no conocía la Ley de Valores, ni sus prohibiciones.  Al momento de redactar esta legislación el legislador tipificó las violaciones a las secciones de esta ley.  Surge de la misma Ley de Valores de Puerto Rico, Ley Núm. 60, según enmendada, en su artículo 409 lo siguiente:

Sección 889. Penalidades.

(a)  Cualquier persona que voluntariamente viole cualquier disposición de este capítulo, excepto la sec. 884 de este título, o que voluntariamente viole cualquier reglamento u orden promulgada de acuerdo con las disposiciones de este capítulo, o que ………………, una vez fuere convicta será castigada con una multa que no será menor de quinientos (500) dólares ni mayor de diez  mil (10,000) dólares, o con pena de reclusión por un término que no será menor de seis meses ni mayor de cinco (5) años, o ambas penas. ……………………………………………………”

 Por lo que respecta a la Ley de Valores de Puerto Rico, Ley Núm. 60, según enmendada, el elemento esencial es que sabía que estaba realizando el acto, no se tiene que probar que el imputado sabía que estaba cometiendo el delito.  No implica conocimiento legal sobre la disposición de la ley que se está violando.  State vs. Kersher, 15 Kan. App. 217 (801 P.2d 68, 1960).

III. Conclusión

Bajo este panorama a una persona que violente las disposiciones contenidas en las secciones 851, 861 y 871, posiblemente se le radicarían cargos criminales en el Tribunal de Primera Instancia, del pueblo donde se haya cometido la violación.  Asimismo, se podría radicar cargos criminales por el delito de apropiación ilegal contra el imputado de vender el valor. En cuanto al delito de apropiación ilegal bajo el Código Penal actual, el mismo lee de la siguiente forma:

 “Artículo 193. Apropiación Ilegal Agravada

Incurrirá en delito grave de tercer grado, toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal descrito en el Artículo 192, si se apropia de propiedad de fondos públicos, o de bienes cuyo valor sea de mil ($1,000) dólares o más.

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menos de mil (1,000) dólares, pero mayor de quinientos (500) dólares, incurrirá en delito grave de cuarto grado.
El Tribunal podrá imponer la pena de restitución.”

En ese sentido, bajo el Código Penal para poder probar el delito de apropiación es necesario probar que se sustrajo un dinero sin violencia ni intimidación.

Los negocios pirámides no son legales en Puerto Rico.  Tal y como establece la Ley Número 60, supra, la persona que venda u ofrezca un valor, entendiéndose como contrato de inversión, bonos, entre otros cobijados por la Ley 60, debe solicitar su inscripción previamente en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  Del mismo modo, el valor debe inscribirse en dicha Oficina.  El no realizar ambos actos podría conllevar la posible radicación de cargos criminales según establecido en la misma Ley Núm. 60.  Por lo que, un primer paso para establecer su legitimidad es que el ciudadano pregunte a ese inversionista si tiene las licencias de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

Los ciudadanos deben estar alertas y atentos ante estos tipos de esquemas y tomar en consideración que no todo lo que brilla es oro.  El sentido común juega un papel primordial para que no nos tomen el pelo con estos negocios “fabulosos”.


[1] Serbia, Xavier. “Los negocios pirámides: ¿Te harán rico?, “Revista Negocios”, El Nuevo Día, 26 de julio de 2009.

[2] Información tomada de Wikepia.com

[3] Ibid.

[4] Ibid. Serbia, Xavier. “Los negocios pirámides: ¿Te harán rico?, “Revista Negocios”, El Nuevo Día, 26 de julio de 2009, a la página 14.

[5] Ibid.

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¿POR QUE DEBEMOS ELIMINAR EL LAVADO DE DINERO?

 

Lcda. Brenda Rosado Aponte

Columna publicada en el periódico El Nuevo Dïa

Abogada, Conferenciante y Profesora Universitaria

 

El lavado de dinero nos hace preguntarnos: ¿Cómo es posible que los narcotraficantes puedan abrir una cuenta bancaria con información falsa y depositar miles de dinero sin que la institución financiera logré percatarse? ¿Cuántas formas existen para lavar el dinero? ¿Qué responsabilidad si alguna tienen las instituciones financieras en la guerra contra el lavado de dinero?

 

  ¿Por qué la gente no conoce o sabe sobre el lavado de dinero?  Acaso no saben que el lavado de dinero está íntimamente relacionado con la drogadicción, apropiación ilegal, y cualquier otro delito.

 

La droga es un virus que poco a poco arropa nuestra sociedad. Pero, el problema de la drogadicción o del mismo lavado de dinero no se resuelve arrestando y procesando al drogadicto que pide limosna para poder sobrellevar su vicio.  El problema se resuelve arrestando al que está en la cúspide de la venta de drogas.  Precisamente, el llamado magnate o dueño del punto de drogas es el que maneja la llegada y entrega de drogas.  Este mantiene el control del punto de drogas y no es usuario, pero vive de la dependencia del drogadicto que deambula en la esquina.  El dueño del punto de drogas vive de la drogodependencia de los más débiles que poco a poco lo hacen millonario.  La debilidad del otro lo engrandece en las ventas y la llegada del dinero fácil que se convierte en cientos de miles de dólares.  Esos cientos de miles de dólares provenientes de la venta de drogas debe esconderlos y hacerlos aparentar como legales.  De ahí aparecen las magníficas oportunidades de lavar el dinero sucio que entra en nuestras instituciones financieras. 

 

Hoy por hoy las instituciones de ley y orden federal apresan a los narcotraficantes por cargos criminales relacionados el lavado de dinero.  El lavado de dinero o blanqueo de capitales existe desde tiempos remotos.  Siempre ha existido la necesidad de ocultar el dinero proveniente de cualquier actividad ilegal y seguirá existiendo mientras exista el crimen organizado, el narcotráfico, entre otros delitos.

 

Por eso debemos erradicar el lavado de dinero porque en principio estamos erradicando el narcotráfico, la drogadicción y finalmente arrancando la raíz del problema.  El drogadicto que paga por la droga en el punto de la esquina puede ser nuestro vecino, hermano, primo o cualquier otro familiar. 

 

Para eliminar por completo el problema necesitamos llegar a la raíz y desprenderla. Eliminar el lavado de dinero significa librarnos de la droga que está en la calle.

 

 

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EL FRAUDE NUESTRO DE CADA DIA

 Lcda. Brenda Rosado Aponte

Abogada, Conferenciante y Profesora Universitaria 

Columna publicada en el periódico El Nuevo Dïa

El Fraude nuestro de cada día consiste en aprovecharse de la ingenuidad de las personas y arrebatarles miles de dólares.  De seguro, habrás escuchado lo siguiente: “Con solo $200, puedes ganar $25,000 por mes”, o “Si inviertes la cantidad de $300, puedes generar más de $18,000 mensuales”. Este tipo de esquemas está regulado y fiscalizado por leyes y reglamentos cobijados por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  ¿Pero, cuáles son las protecciones que nuestras instituciones brindan a las víctimas de este tipo de fraude en Puerto Rico?

El puertorriqueño y la puertorriqueña que ha sido víctima de una estafa o esquema como el mencionado anteriormente tiene a su alcance la protección bajo las leyes estatales.  Ello conllevaría una investigación liderada por la Oficina del Comisionado de Instituciones y la posible radicación de cargos criminales por parte de un agente investigador y del Departamento de Justicia estatal.

Hoy por hoy, un esquema Ponzi, como se le llama a este tipo de esquema, es conocido como uno que consiste en un sistema de inversión que promete un alto rendimiento.  Para poder dar esos altos créditos, los nuevos inversionistas  son los que pagan los intereses de los antiguos.  Del mismo modo, se utilizan las instituciones financieras en Puerto Rico, mediante las transferencias electrónicas para cometer el delito.  Un ejemplo de ello sería el que a un ciudadano X se le hace un ofrecimiento para invertir en las minas de oro de Argentina, con un rendimiento de 30% mensual.  Como parte del negocio se le insta al perjudicado a enviar su inversión mediante una transferencia electrónica de Banco de Puerto Rico a Banco de Argentina.  Por medio de las transferencias electrónicas de nuestras instituciones financieras el perjudicado entra a un negocio fatulo.

La  Ley Uniforme de Valores, Ley Número 60 del 18 de junio de 1963, según enmendada, mejor conocida como Ley Uniforme de Valores, es la ley que protege a las víctimas de fraude en valores. Dicha ley se creó con el propósito de prohibir las prácticas fraudulentas en relación a la venta de valores.  Y su protección cobija a todos los ciudadanos, independientemente de que la persona sea una experta en inversiones o valores.

La Ley de Valores de Puerto Rico exige que todo valor que se ofrezca o venda en Puerto Rico esté inscrito en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  En ese sentido, el término valor incluye, bonos, contratos de inversiones, acciones en cartera, bonos, certificado de interés, entre otras definiciones.

Bajo este panorama, una persona que violente las disposiciones contenidas en la Ley de Valores, posiblemente se le radicarían cargos criminales en el Tribunal de Primera Instancia, del pueblo donde se haya cometido la violación.  Asimismo, se podría radicar cargos criminales por el delito de apropiación ilegal contra el imputado de vender el valor.

Los negocios pirámides no son legales en Puerto Rico.  La persona que venda u ofrezca un valor, entendiéndose como contrato de inversión, bonos, entre otros, debe solicitar su inscripción previamente en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  Del mismo modo, el valor debe inscribirse en dicha Oficina.  El no realizar ambos actos podría conllevar la posible radicación de cargos criminales. 

Por lo que, un primer paso para establecer su legitimidad es que el ciudadano pregunte a ese inversionista si tiene las licencias de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  Además, esta oficina gubernamental mantiene una página electrónica en la que el ciudadano puede corroborar si ese “supuesto” inversionista aparece en la lista de personas certificadas para vender valores.

Los ciudadanos deben estar alertas y atentos ante estos tipos de esquemas y tomar en consideración que no todo lo que brilla es oro.  El sentido común juega un papel primordial para que no nos tomen el pelo con estos negocios “fabulosos”.

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Ley de Transferencias de Fondos al Extranjero y el Lavado de Dinero

LEY DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTRANJERO

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